Brexit o el valor de la democracia directa

BREXIT o el valor de la democracia directa

El resultado del referéndum en el Reino Unido sobre la permanencia en la Unión Europea ha producido cierto desconcierto en toda Europa y no menos en Canarias, donde tenemos fuertes conexiones históricas con las islas británicas. La tibieza de la defensa del marco comunitario por parte de partidos y gobiernos de este país, la tímida y cuando no controvertida defensa del modelo social y de solidaridad europeo y, sobre todo, la deriva del proyecto comunitario, parecen explicar de alguna manera la salida de Gran Bretaña de la Unión.

Dos aspectos habría que resaltar de entrada en este evento político ocurrido en Gran Bretaña. Para comenzar, el proceso ha reflejado la desconsideración de no pocas autoridades e instituciones y organizaciones políticas europeas y españolas sobre el valor de la democracia directa, bajo la premisa de que un ejercicio de esta naturaleza no tenía por qué haberse celebrado (por cierto, tampoco el referéndum de autodeterminación de Escocia). La otra dimensión a resaltar es la explosión de democracia digital que motivó el Brexit, con una iniciativa ciudadana pidiendo la repetición del referéndum, y expresada en la plataforma de participación digital del Parlamento Británico (https://petition.parliament.uk), alcanzando en menos de un día más de un millón de adhesiones, casi cuatro millones en cuatro días.

Esa desconsideración del ejercicio de democracia directa que siempre suponen los procesos deliberativos en los que la ciudadanía expresa y pretende ejercer una influencia sobre las decisiones públicas, suscita cuanto menos cierta preocupación por el cuestionamiento que supone del ideal de Gobierno Abierto y de la política de Participación Ciudadana que tanto se reivindica por los gobiernos nacionales y territoriales de nuestro contexto político.

En realidad, no siempre estos ejercicios de deliberación pública consiguen una participación alta y cualificada. Como hemos visto en el caso de Gran Bretaña y su Brexit, quienes quieren cambios, especialmente los jóvenes, no siempre se movilizan ni participan en las deliberaciones. De ahí que surja el lógico debate sobre cómo conseguir la representatividad de las formas de democracia directa y participativa.

Los procesos deliberativos públicos en Occidente son el resultado de movimientos de base, progresistas, de abajo-arriba y de reforma política de los años 60, decisivos para crear el contexto cultural que promovió tales procesos (C.W. Lee, 2011). En el caso de España parece claro que, aparte de cierta influencia del contexto internacional, es a partir del 15M que resurge con fuerza la demanda por una verdadera participación ciudadana. La reivindicación de Gobierno Abierto para la gobernanza se asume por las instituciones públicas como una respuesta clara a la crisis de gobernabilidad y el descrédito de la política.  En definitiva, avanzar hacia una gobierno en red, que integre a todos los actores de la sociedad, que haga participar a la ciudadanía, en tanto que iguales y pares, en el proceso de toma de decisiones públicas. Y por ello el valor de los procesos deliberativos, en donde la ciudadanía reflexiona y decide sobre asuntos públicos, ayudando y contribuyendo a la implicación ciudadana, a crear esa cultura de participación que vaya haciendo posible y creíble el involucramiento real de la gente en la cosa pública. Hacer de la deliberación un mecanismo justo y efectivo de participación, que no reproduzca por ende las desigualdades sociales, es complejo y requiere, en primera instancia, que sea creíble y asumible, poniendo especial atención en cómo se realiza el propio proceso deliberativo. En efecto, el proceso exige que sea transparente y pedagógico, dando información veraz y generando conocimiento real, velando por generar debate o diálogo abierto e inclusivo, unos tiempos adecuados, y mucha pedagogía y mecanismos participativos.

En realidad, el ideal de democracia directa no deja de estar en el horizonte de las personas que abogamos y trabajamos por un modelo democrático donde una verdadera participación ciudadana en las decisiones públicas haga real el significado profundo del enunciado constitucional de que la soberanía reside en el pueblo. Y ese es el sentido en el que pensamos un gobierno abierto, que eduque y empodere a la ciudadanía. Ese Gobierno Abierto no se debe limitar a buscar mejoras en los mecanismos de gestión administrativa y de información a la ciudadanía, sino que debe aprovechar las posibilidades transformadoras de Internet para aumentar la capacidad de elegir, de optar o expresar con claridad las preferencias de la ciudadanía (J. Subirats y M. Fuster, 2013). El cambio de época, con Internet y las tecnologías de información y comunicación impactando claramente en la política y las políticas públicas, abre las puertas a la democracia digital, que debe contribuir a incorporar a la gente de manera directa, comunitaria y autónoma en la transparencia, control y evaluación de la gestión pública.

Por todo ello, no vemos en el proceso del reciente referéndum británico un desafío para la democracia representativa, sino una oportunidad para poner en su lugar el valor de los procesos deliberativos. Más que tener miedo a la soberanía popular, apostemos por una verdadera participación ciudadana con la democracia digital desempeñando un papel inestimable.

Entre todos, sociedad civil e instituciones, medios de comunicación y organizaciones políticas, podríamos contribuir de forma responsable a fomentar una educación y  cultura democrática. En definitiva, una ciudadanía responsable y crítica que construya sociedades abiertas, plurales e inclusivas.

Jorge Pérez Artiles, director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria