CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

• Escrito por  Jorge Pérez Artiles 
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Frenar la Corrupción parece ser una cantinela mil veces repetida, mayormente para referirse a los políticos, menos al funcionariado y, a veces, a empresarios. Este fue el lema de la Conferencia Anual Internacional para la Integridad CAII2023, celebrada en Lima, Perú, el 27 y 28 de noviembre pasado, a la que fui invitado por la Contraloría General del Perú en nombre de la OLACEFS, la organización que representa a los tribunales de cuenta de Latinoamérica y el Caribe, para disertar sobre la participación ciudadana como mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción. Parece que la organización entendió que la experiencia acumulada en estos últimos 8 años de implementación de la política pública de Participación Ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria podía dar luz sobre cómo implicar a la sociedad en la lucha contra la corrupción y contribuir con ello a construir instituciones de gobierno más sólidas y una Democracia amplia y socialmente legitimada.

Ni que decir tiene que, de entrada, nos resultó llamativo ese interés de los entes fiscalizadores externos latinoamericanos, en España tribunales de cuenta y allí contraloría general, sobre la necesidad del involucramiento de la sociedad civil en la labor fiscalizadora de la acción de gobierno y de las administraciones públicas. En realidad, la sinuosa experiencia acumulada por los gobiernos de esa parte del Planeta en la construcción de sus estados nacionales, sistemas democráticos y administraciones públicas, parece haberles conducido a poner un esfuerzo considerable en sus instituciones fiscalizadoras superiores para que fuesen una salvaguardia de la calidad de los gobiernos, en suma de la gobernanza pública y, por lo tanto, del propio sistema democrático.
Mayor sorpresa nos supuso constatar que en España no se cuenta con un acervo teórico o un bagaje de experiencias directamente vinculadas a la implicación de la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción. Algo que, sin embargo, sí está específicamente considerada en el marco de la ONU, que cuenta con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –CNUCC, acordada en 2004, el único instrumento anticorrupción internacional y jurídicamente vinculante, que establece expresamente el papel estratégico de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Aunque creamos de sentido común que la sociedad civil debe contar con mecanismos para frenar los actos de corrupción (soborno, malversación de fondos, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero), nos tendríamos que preguntar primeramente si es que a la ciudadanía le importa de verdad la corrupción. De entrada, podríamos adelantar que se trata de un fenómeno mal conocido y casi invisible, una ofensa sin víctimas directas, opaca y sofisticada, y con impactos no apreciados inmediatamente por la mayoría de la gente. Si atendemos a la clasificación de A. Heidenheimer, solamente la considerada corrupción negra es percibida y rechazada, mientras que la corrupción gris goza de cierta permisividad y la corrupción blanca es socialmente normalizada, aunque habría de añadirse que esta coloración sutil de los comportamientos y prácticas corruptas puede cambiar en el curso del tiempo, o si no véase, por ejemplo, las prácticas de enchufismo, donaciones a los partidos o el mismo clientelismo.
Entonces, ¿a santo de qué debería preocuparle a la mayoría social de este país la corrupción? En el plano más puramente material, el conjunto de las prácticas corruptas genera desigualdad: Joaquim Bosch (La patria en la cartera, 2022) cifra en unos 40 mil millones de euros al año lo que le cuesta la corrupción a España, una cantidad que afecta al esfuerzo económico que requieren, por ejemplo, las medidas relacionadas con el escudo social que debe proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En realidad, la corrupción erosiona la solidez de las instituciones públicas y sus mecanismos de control de las actuaciones públicas que contribuyen al desarrollo social y económico por lo que supone un impacto a corto, medio y largo plazo para el conjunto de la sociedad.
Sea cual sea el grado de importancia que la ciudadanía le atribuya a la corrupción en la administración pública y los gobiernos, ésta contribuye ciertamente a debilitar la confianza en las instituciones y al descrédito de la política y a la implicación social en el engranaje democrático, y por lo tanto a que la sociedad se desentienda y deje paso a la impunidad y la corrupción. Este círculo vicioso, corrupción-desconfianza-apatía social-corrupción, se retroalimenta cuando no hay una decidida intervención pública y ciudadana que rompa los eslabones que lo sostienen.
¿Es suficiente el sistema institucional de control de gobiernos y administración pública? Al hilo de lo experimentado en muchos países, también en España y Canarias, no parece que tengamos un sistema institucional sumamente infalible y un suficiente control de los gobiernos que genere la confianza social necesaria para romper ese círculo vicioso lo que abre huecos para que los grupos e ideologías más reaccionarias y autoritarias aumenten su protagonismo poniendo en tela de juicio la importancia del sector público, de la acción política e incluso de la propia democracia.
¿Qué más podemos hacer desde las instituciones públicas para frenar la corrupción y romper ese círculo vicioso que conduce a la deslegitimación de la política y la propia democracia? En el marco de la construcción del Gobierno Abierto, además de asegurar una verdadera rendición de cuentas y la transparencia, consideramos sumamente valiosa una política pública de Participación Ciudadana que fortalezca y haga más eficaces los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción.
Frente a las dudas asiduamente expresadas por políticos, funcionarios o incluso expertos institucionalistas sobre la pertinencia y efectividad del involucramiento de la sociedad civil en el control y fiscalización de los gobiernos, pensamos, junto a organismos internacionales como la ONU o la OCDE, que la construcción de instituciones sólidas e íntegras se fortalece con la implicación y la colaboración de la sociedad civil en las decisiones públicas y la acción de gobierno. Más aún, en el marco de las políticas públicas de Participación Ciudadana se puede fortalecer o activar mecanismos adaptados a la especificidad de las distintas instituciones locales, que además puedan ser construidos de forma participativa y colaborativa entre funcionarios, decisores políticos y sociedad civil. Y para ello, planteamos que hay una hoja de ruta posible y necesaria para hacer que la participación ciudadana complemente la acción de las entidades fiscalizadoras, tanto en el seno de las instituciones, con la digitalización, las oficinas anti-fraude, la facilitación de la rendición de cuentas o el cambio de la cultura institucional, como con la ciudadanía a través de la educación y sensibilización ciudadana sobre la percepción social de la corrupción y los valores democráticos y de convivencia, y el acceso a la información, y también a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y su empoderamiento social.
Yendo más allá, habría incluso que promover la implicación directa de la ciudadanía en este ejercicio de control social y fiscalización de la administración pública, de forma tal que no suponga una ralentización de las administraciones públicas, teniendo en cuenta además que contamos con un sistema descentralizado (aparte del Tribunal de Cuentas estatal, en Canarias tenemos la Audiencia de Cuentas de Canarias) que puede conllevar a un control más cercano, directo, inmediato y recurrente que podría facilitar la participación ciudadana en el control social de los recursos públicos y evitar la corrupción, el despilfarro y el fraude.
No somos ilusos ni ingenuos y tenemos que asumir que el despliegue de la participación ciudadana, también en la prevención y lucha contra la corrupción se enfrenta a no pocos desafíos, también resistencias, dentro y fuera de las instituciones públicas. La suspicacia y temores de decisores políticos, el ritmo lento del cambio cultural dentro de la administración pública, la capacidad administrativa real, la normalización social de la corrupción o la apatía ciudadana a tomar parte, pueden afectar en mayor o menor medida a la efectividad y eficacia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Lo que sí podemos decir es que, con la creciente ola de ultra liberalismo reaccionario y tecnocrático que pretende minimizar la administración y el sector público y hacer un Estado débil y desregulado, por supuesto que al servicio de clases y grupos económicamente poderosos, debemos sí o sí redoblar esfuerzos para afianzar la legitimación de la Democracia y la acción de la política, y para ello la participación de la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción se nos antoja una clave de bóveda que es demasiadas veces despreciada y ninguneada.

Jorge Pérez Artiles

Director insular de Participación Ciudadana, Cabildo de Gran Canaria

Sin instituciones sólidas y abiertas no tendremos una Gran Canaria sostenible

 

Reconstruirnos y reconstituirnos democráticamente mejor

 

En estos tiempos de zozobra y crisis global (ecológica, sanitaria, social y económica), ser testigos de la continua degeneración de la democracia en los EEUU no deja de producirnos a muchas personas de este mundo auténtico desconcierto y un cierto miedo. Cuando no un enorme enfado por las millones de personas asesinadas por las guerras, abiertas y encubiertas,  que gobiernos norteamericanos han provocado y liderado en América Latina, África y Asia, con el subterfugio argumental de llevar su "democracia y libertad”, cuando lo que en realidad defendían era el control geopolítico de los recursos naturales y mercados de esos países y regiones o, lo que es lo mismo, #MakeAmericaGreat!.

Mientras la #Agenda2030 de Naciones Unidas como pacto global e internacional sitúa la gobernanza y la democracia participativa como claves para salvar el Planeta, vemos con estupor que la calidad democrática #USA se ha ido deteriorando a pasos agigantados con #Trump: racismo, xenofobia, mentira institucionalizada, acoso agresivo a los medios de comunicación, control del Tribunal Supremo. Para no detallar los múltiples mecanismos de dudosa talla democrática: elección no directa del Presidente sino por el Colegio Electoral cuya elección de compromisarios está basada en un diseño sesgado de las circunscripciones electorales; un sistema jurídico profundamente conservador, con un Tribunal Supremo con gran poder definitorio del sistema político; un bipartidismo que suele responder al dictado de las grandes corporaciones y poderes económicos. Si a todo esto le añadimos la enorme desigualdad de la sociedad norteamericana que pone en tela de juicio “el sueño americano” y el acceso a derechos básicos que tenemos asegurados en Europa, como la educación, sanidad o la dependencia, y menos si eres inmigrante no regularizado, nos podremos hacer una idea del nivel de desafección y descrédito que la democracia tiene para un sector nada despreciable de la sociedad norteamericana. Una parte de ellos, sobre todo el segmento empobrecido y blanco, pasto de las proclamas engañosas de un gobernante sin escrúpulos.

Espero, por el bien del pueblo norteamericano y de los pueblos del Mundo, que Trump vuelva a su Torre y sus comedias-bufas televisivas y deje de ser una referencia de esas derechas peligrosas para la democracia, y el bienestar de las mayorías en Brasil, Polonia, Gran Bretaña, Italia, Francia, Austria o España.

¡Build Back Democracy Better!

¡America and the World First!

#DemocracyFirst!

¡Black, Latinos, Workers and Poor People Lives Matter!

Hacia una gobernanza rural con participación local y ciudadana. El caso del paisaje cultural y patrimonio mundial de Risco Caido y Montañas Sagradas de Gran Canaria.

(Ponencia presentada al I Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales y al V Encuentro Estatal Intervegas - Tenerife, octubre de 2019).

La defensa del patrimonio y el medio rural es una misión de todas las personas, entidades y agentes sociales e institucionales implicadas por sus ámbitos y esferas de intervención y sus niveles de responsabilidad y decisión. La visión holística del medio y sociedad rural refleja las múltiples conexiones en el continuum rural-urbano y por lo tanto las problemáticas y desafíos globales, desde la soberanía alimentaria, la sostenibilidad, la pobreza, el cambio climático o las crisis demográficas distintas. Una gobernanza  certera y eficaz es ineludible para abordar esos desafíos, tal como se desprende de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde los agentes y actores del medio rural estén claramente representados y con amplios espacios de deliberación, influencia y decisión.

En esta comunicación se esboza la necesidad de una gobernanza rural con protagonismo social y ciudadano, en el marco de una nueva ruralidad, que conduzca a una eficaz y eficiente colaboración entre las instituciones, la sociedad civil y el sector privado del medio rural, que consiga mejores estrategias, políticas y actuaciones para la defensa de la tierra, el patrimonio y el paisaje rural, la sociedad y la economía agraria y rural. Para ello, se describe el caso del paisaje cultural  y  recientemente declarado Patrimonio Mundial de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Palabras claves:

Gobernanza, participación ciudadana, desarrollo rural, patrimonio rural, paisaje cultural, empoderamiento ciudadano.

1.  El medio rural en Canarias lleva décadas sometido a un proceso de paulatina y profunda desagrarización, con una progresiva multifuncionalidad y pluriactividad producto de la diversificación rural que suponen, por un lado la profundización de la mercantilización de sus recursos naturales y culturales y, de otro lado, por la intensificación de la explotación, propia y del trabajador rural, que puede contribuir a la reproducción de la exclusión social en la sociedad y economía rural. Asimismo, no podemos obviar el hecho de que el medio y sociedad rural es un espacio glocal, sometida a las dinámicas de la globalización pero insertas en dinámicas locales particulares. El medio rural tiene un definitivo carácter subalterno frente a la centralidad de los urbano,  siendo que las situaciones y condiciones a las que está sometido son causadas mayormente por fuerzas externas y fuera del alcance de la gente local

2.  Hay que tener en cuenta los retos que la desagrarización y la diversificación rural plantean a la ciudadanía rural de cara a la defensa de las decisiones que afectan a sus comunidades. En realidad, a pesar de las vicisitudes atravesadas por el sector agrario, la comunidad rural ha desarrollado una cierta resiliencia, o habilidad para mantenerse a pesar de las dificultades de la aparentemente imparable globalización (Entrena-Durán et al, 2014:3). Un reflejo de esa resiliencia de la comunidad rural son las distintas formas de cooperación y colaboración entre sus actores, y entre estos y las instituciones, para la defensa de la forma y sustento de vida en el medio rural. Las políticas rurales y las instituciones locales son claves para asegurar medios de defensa y resiliencia del medio y las sociedades rurales, las cuales deben contar con los medios y el conocimiento para formar parte del diseño de las alternativas, junto a expertos e instituciones competentes. En esta comunicación defendemos que, para asegurar una defensa exitosa de las condiciones que hacen posible la viabilidad y vigencia de la ruralidad y el ecodesarrollo, hay que avanzar en la conformación de una gobernanza rural con el protagonismo de la sociedad civil y el sector privado del medio rural, más aún, ir necesariamente hacia una gobernanza participativa y democrática.

3.  El término gobernanza fue primeramente introducido en los años 90 por el Banco Mundial, habiéndose dado cuenta de la extrema relevancia de la esfera política y de los actores locales para el éxito de las políticas de desarrollo (Kolosy, 2004:18-20). De un primer concepto relacionado con la forma en que las instituciones y las estructuras organizan, preparan y ejecutan las políticas públicas, se pasa a una visión de gobierno en red (Subirats, 2010), un entramado de relaciones complejas entre instituciones, comunidad y sector privado para dar forma y tomar parte en las políticas públicas y la acción colectiva. En definitiva, la gobernanza supone un conjunto de relaciones verticales y horizontales en el marco de la colaboración y la participación, entre las instituciones competentes y entre estas y las comunidades que facilita a la gente y las organizaciones a compartir información y recursos, permitiendo además mejorar el conocimiento de los desafíos y las soluciones. (HISTCAPE, 2014).

4.  Entendemos que hay que poner en marcha y experimentar mecanismos de participación que eduquen por igual a decisores políticos, funcionarios y ciudadanía, permitiendo a la ciudadanía, individual y colectiva, asumir protagonismo real y efectivo en las decisiones públicas (Pérez-Artiles, 2019). Teniendo en cuenta el modelo de co-gobernanza o gobernanza en red (Subirats et al, 2009:317), algunos defendemos como objetivo estratégico una gobernanza de base ciudadana, en el sentido de poner énfasis en el componente ciudadano de ese gobierno en red, de facilitar que los distintos sectores y grupos sociales se conviertan en everydaymakers de las decisiones públicas que finalmente toman los policymakers (Subirats, 2011:8). De hecho, la acción autónoma e innovadora ciudadana está reflejando crecientemente un grado de libertad e influencia mucho más amplio de lo que habitualmente se piensa (Dente y Subirats, 2014:24). Así, en el nuevo escenario social o cambio de época que habla Subirats, en las que Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación están marcando el paso, los espacios de autonomía social y las redes relacionales nuevas y crecientes dejan entrever que las instituciones políticas y los poderes públicos ya no son el vértice de las condiciones de ciudadanía (Subirats, 2012:278-279).

5.  Por ello propugnamos que para la defensa del medio rural y de su patrimonio natural y cultural sea clave la construcción de una gobernanza rural que aglutine a la comunidad, el sector privado, el sector público y otros actores relevantes como la universidad, las asociaciones profesionales o los sindicatos, entre otros (Jones, 2000). De hecho, un aspecto que afecta al empoderamiento y la gobernanza rural es la amalgama y diversidad de actores sociales con multitud de intereses, por lo que de cara a fortalecer la resiliencia de la comunidad rural, asegurando los mecanismos de control de las decisiones que les afectan, se requiere de una aproximación holística e integral que tenga en cuenta el escenario complejo de dimensiones socioeconómicas, políticas, cultural y medioambiental interrelacionadas (Entrena-Durán y Jiménez Díaz, 2014:4). Siendo el paisaje cultural como patrimonio una oportunidad para el desarrollo y por lo tanto la pervivencia del medio rural, tal como se demuestra en multitud de casos, también en el contexto europeo (Eppich and Kulmer, 2014), su defensa a través de una gobernanza participativa supone un relevante y paradigmático desafío. No estamos hablando de algo nuevo, ni mucho menos, pues ya desde los noventa sociólogos rurales como Goodwin (Jones et al, 2000: 171-175) vienen hablando de un nuevo modelo de gobernanza que contribuya a la regeneración del medio rural, donde el concepto de partenariado, con énfasis en la participación comunitaria junto al sector público y privado, sea parte esencial en el nuevo y mas complejo modelo de gobierno que sustituye al verticalismo fordista, donde las regulaciones son establecidas exclusivamente por las autoridades.

6.  Un caso que podría ilustrar un camino a seguir en el medio rural en Canarias es el del paisaje cultural, recientemente declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria (en adelante RCMSGC). En el marco del trabajo a realizar para la preparación de la candidatura de RCMSGC a Patrimonio Mundial se asumió la participación como un principio fundamental de la propuesta y gestión de este paisaje cultural. De hecho, la asunción de que la defensa del paisaje cultural en el medio rural requiere de políticas activas por parte de las autoridades para acompañar a las comunidades locales en la protección del patrimonio, sitúa en primer plano la promoción y fomento de todas las dimensiones de participación e implicación y protagonismo activo de las comunidades del territorio. Se considera la participación, y su metodología de acción de abajo-arriba, como un mecanismo valioso para simultáneamente movilizar los recursos disponibles y estimular la interacción entre stakeholders para abordar los desafíos complejos que tiene el medio rural, y concretamente un espacio como este paisaje cultural de la Cumbre de Gran Canaria. Más aún, se entiende que la participación contribuye a fomentar la autoestima de los actores locales y ayuda a eliminar la inercia tan habitual de delegar poder y ceñirse a plantear críticas, además de lograr un mayor involucramiento en la solución de los problemas y desarrollar un sentido de la propiedad de ideas que a su vez crea condiciones favorables para implementar cambios, siendo estos vínculos y puentes creados entre actores lo que construye un capital social necesario para la defensa del medio rural (HISTCAPE 2014:95).

7.  Entender la participación comunitaria como un objetivo estratégico para la promoción y defensa de este paisaje cultural parte de la consideración de sus dos dimensiones íntimamente imbricadas para mantener vivo este paisaje cultural y medio rural de RCMSGC, situado en la zona de cumbre o montaña de cuatro municipios de Gran Canaria. De un lado, la dimensión de participación social o local, que engloba multitud de facetas que reflejan cómo las comunidades locales son agentes activos y protagonistas verdaderos en el mantenimiento de los atributos esenciales de esta sociedad, cultura y economía rural, dando vigencia al hecho de ser estas islas auténticos laboratorios culturales y naturales de la evolución. De forma general, hay elementos tangibles e intangibles que dan constancia de la conservación de las señas de identidad del paisaje agro-pastoril, una relación de apropiación y transformación del espacio geográfico, con atributos referentes de la pervivencia en el tiempo de la cultura aborigen junto a otros mas contemporáneos que nos muestran una sorprendente capacidad de adaptación al medio y sus recursos. Entre otros: el hábitat troglodita (antiguas y nuevas cuevas que conservan funcionalidades de hábitat, agua, despensa o graneros, o generación de ingresos turísticos); cultivos en terrazas o bancales de producción de autoabastecimiento y mercado local,  unido a sistemas de gestión y cultura del agua, como una forma de organización tradicional e inteligente de organización, que en suma son reflejo de una cultura y economía campesina viva, perfectamente adaptada a las limitaciones en recursos naturales (tierra y agua); conservación y uso de semillas ancestrales (por ejemplo, la cebada); mantenimiento de elementos arquitectónicos asociados a esa cultura de base campesina (acequias, molinos, estanques, albercones, corrales, alpendres, hornos, refugios, majadas, bancales, cantoneras, fuentes, lavaderos o eras); pastoreo y trashumancia, como prácticas agropastoriles  que son un atributo intangible preservado, conservando infraestructuras agrarias (alpendres, abrigos, refugios, majadas, corrales y pocetas, e importante como la conservación de razas autóctonas canarias y la cultura quesera); cultura apícola en la zona de montaña; mantenimiento de la relación  del celaje (bóveda celeste) con hitos que ocurren en el espacio terrestre, y que forman parte de tradiciones; gestión turística por parte de la comunidad local (alojamientos y servicios turísticos); alfarería (producción de cerámica con técnicas aborígenes); implicación del acervo local por parte de pobladores en los trabajos públicos y privados de gestión forestal y mantenimiento de la red de carreteras y caminos rurales. Es interesante también resaltar la implicación de personas y colectivos del territorio en la investigación participativa, que supone al fin y al cabo un elemento mas de la estrategia de valorización y conservación del bien: habría que mencionar como mas relevantes en estos momentos, la recuperación de la memoria oral, de la toponimia, y de las semillas nativas.

8.  Imbricada intrínsecamente a la anterior, tenemos la participación pública o ciudadana, o intervención directa en el proceso de toma de decisiones públicas que afectan a la defensa de este paisaje cultural. El nivel de participación pública o ciudadana real y efectiva de las comunidades locales ha pasado por distintas etapas, coincidiendo con la evolución política y de la cultura democrática. La presencia del  asociacionismo local en la defensa, conservación y desarrollo sostenible del territorio es un reflejo de la preocupación pública y colectiva de las comunidades, con asociaciones de promoción del desarrollo rural sostenible, defensa de la agricultura familiar, gestión del agua, la artesanía quesera o el folclore y tradiciones, hasta las asociaciones vecinales y comunitarias, incluyendo a colectivos ecologistas y de defensa del patrimonio cultural y natural.

9.  Con una visión más desde el empoderamiento ciudadano y la colaboración pública-privada-comunitaria, y teniendo en cuenta la nueva política pública insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, se lleva a cabo un proceso participativo en el territorio de RCMSGC. El proceso de participación ciudadana realizado para contribuir a la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO de este paisaje cultural tuvo como objetivo último el involucramiento e implicación real y efectiva de la comunidad en la candidatura. Este proceso se implementa en fases, las dos primeras durante los años 2017 y 2018, con una estrategia y acciones que persiguen que por parte de la ciudadanía que habita este paisaje cultural exista una verdadera toma de conciencia del significado de la candidatura, haciéndolos partícipes de la misma de una forma real y eficiente, dotándolos además de herramientas que les permitan participar como un interlocutor válido de la administración insular para que la ciudadanía de la Cumbre tenga un protagonismo e implicación real y activa en las decisiones públicas importantes que afectan al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y por ende en la protección, conservación y la gestión del bien.

10.         Este proceso participativo, que se pergeña y ejecuta conjuntamente por las áreas de Participación Ciudadana y Patrimonio Histórico del Cabildo, comienza en una primera fase en 2017 con un equipo multidisciplinar de tres profesionales, orientado principalmente a informar, deliberar y en la participación activa de la comunidad local en la elaboración del Plan Integrado de Gestión del Paisaje Cultural como herramienta estratégica para proteger y poner en valor los atributos y componentes del espacio de manera sostenible y participativa. De forma concreta, se pretendía implicar a personas y colectivos locales en las acciones de participación social (puesta en valor y conservación sostenible de los recursos del territorio, mantenimiento de tradiciones y conocimientos antiguos que conforman la identidad) y de definición y concreción de su voluntad de tomar parte en la gestión coordinada del bien. Para el cumplimiento de los objetivos se generaron espacios de encuentro orientados a fomentar el diálogo y la deliberación acerca de las diferentes visiones y planteamientos en torno a la acción pública en RCESM y el papel de la ciudadanía en la protección, conservación y desarrollo económico que haga sostenible ese paisaje cultural vivo. Como producto de esta primera andadura del proceso participativo, mediante entrevistas individuales, foros de discusión, encuentros ciudadanos y el cuestionario y formulario online, la asistencia técnica recabó un total de 133 propuestas diferentes agrupadas en 14 planes y programas, todos presentes en el Plan Integral, salvo Infraestructuras y Servicios. De las propuestas ciudadanas y de la memoria de la primera parte del proceso, presentadas en un acto de Devolución, se puso de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de los colectivos y personas más implicadas del territorio, de cara a su implicación más efectiva y eficaz en la gobernanza del paisaje cultural que constituía la candidatura de RCMSGC.

11.         En el curso de 2018, la estrategia del proceso participativo se enfocó mas al empoderamiento de las personas y colectivos activos como agentes de toma de decisiones públicas, a través del impulso de nuevos espacios y relaciones ciudadanas con la administración pública (municipal e insular) en los ámbitos temáticos de mayor interés y preocupación para las comunidades locales (agua, producción agroalimentaria, turismo). Como resultados de esta segunda fase del proceso participativo, destacamos el haber desarrollado un proceso de capacitación ciudadana en torno a los valores de la candidatura, cuyos principales protagonistas han sido el grupo motor que se ha identificado como interlocutor en el territorio, así como la facilitación de más de siete espacios ciudadanos para el seguimiento del Plan Integral. Un hecho pionero en el territorio que sin duda contribuye al objetivo inicial de abrir la interlocución entre la ciudadanía y la administración, ha sido la activación de mesas de trabajo por temáticas (agua, turismo y producción agropecuaria) conformada por colectivos, personas y técnicos del gobierno insular. Este trabajo ha ido nucleando y dando forma a un grupo motor o comisión ciudadana vinculada a este paisaje cultural, constituida por asociaciones sectoriales y generales de defensa del territorio (La Trasierra, Asociación Insular de Desarrollo Rural, Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Caprino, Asociación Charamusco Carboneros de la Cumbre, Asociación de Propietarios de Terrenos “Los Cercados”, Comunidad de Regantes El Juncal, Comunidad de Regantes El Espinillo de Tejeda, Asociación de Apicultores de Artenara, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos), asociaciones de vecinos (Baranquillo Andrés y Soria, La Higuerilla, Bentayga de la Solana, Bruma del Chorillo, Juncalillo), y asociaciones empresariales (EDARTE-Empresarios de Artenara, APROARTE-Asociación de Productores de Artenara).

12.         Como parte de la ecuación de la gobernanza, hay que incluir  el papel desempeñado por los gobiernos municipales (Tejeda, Artenara, Gáldar y Agaete) en la conservación de este paisaje cultural en la zona de cumbre de Gran Canaria. En el sistema de administración descentralizada de Canarias, si el papel del Cabildo como gobierno de la isla es crucial en la vertebración del territorio insular, no menos estratégico es el del  ayuntamiento que en relación al bien tiene competencias en materia de preservación del patrimonio histórico y etnográfico, y en la gestión de la conservación del paisaje y el desarrollo local. Su papel es clave, junto a la comisión ciudadana y consejo asesor científico, en la Comisión de Seguimiento y la estructura del ente público que se está constituyendo, que debe contribuir a una gobernanza efectiva de este territorio rural.

13.         El planteamiento realizado y la experiencia que estamos teniendo en el caso de RCMSGC, con todos sus déficits y necesidades de aprendizaje institucional y ciudadano, nos muestra desde luego una ruta a seguir para avanzar en la conformación de una gobernanza rural con el protagonismo de la sociedad civil y el sector privado del medio rural.

14.         Al hilo del caso esbozado, podemos señalar una serie de aspectos sobre los que tendríamos que seguir reflexionando para avanzar hacia una  gobernanza participativa y democrática para la defensa del medio rural y paisaje cultural:

1.  Políticas activas de promoción de la participación y el protagonismo de las comunidades. Como en muchos otros lados en Europa que están sujetos a los mismos desafíos, la defensa del paisaje cultural y el medio rural requiere de políticas activas por parte de las autoridades para acompañar a las comunidades locales en la protección del patrimonio (HISTCAPE, 2014).

2.  Apostar por un desarrollo endógeno de abajo-arriba, con participación y empoderamiento ciudadano en el marco de la colaboración público-privada-comunitaria, supone un ejercicio verdadero y generoso de descentralización y traslación de poder y control por parte de las autoridades hacia los grupos y la acción local, superando la desvirtuación de esta estrategia que supuso la experiencia de los LEADER (Navarro et al. 2015).

3.  Considerar como aspectos a trabajar las limitaciones de la participación comunitaria: representación de todos los grupos y actores colectivos que contrapesen el poder de las élites locales (Moyano, 2009), financiación, conocimiento experto, tiempo que pueden dedicar a la gestión de proyectos colectivos, gestión de las expectativas locales, la pulsión del sector público a situarse como elemento dominante.

4.  Para la promoción de la participación social y ciudadana para la defensa del paisaje rural (y contribuir a una gobernanza rural efectiva), se podría tener en cuenta los siguientes aspectos:

o     Facilitar procesos participativos demostrativos para la defensa del paisaje cultural y el medio rural.

o     Apoyar el voluntariado para la defensa del medio rural.

o     Profesionalizar en lo posible la intervención en los procesos participativos.

o     Crear y experimentar nuevos mecanismos e instrumentos para la promoción de la participación ciudadana, especialmente aquellos que surgen de la inteligencia colectiva y la innovación ciudadana.

15.         En definitiva, somos conscientes de que para superar los desafíos que tiene el medio y la economía rural en Canarias, la defensa de los sistemas agrarios tradicionales y en definitiva del medio rural de nuestras islas, hay que avanzar hacia un nuevo consenso social que acometa las transformaciones necesarias e instituya su papel renovado en el marco de un modelo de desarrollo viable y sostenible de Gran Canaria. Ese nuevo consenso tendría que hacerse desde una visión de la gobernanza rural, desde luego que participativa y democrática, en la que tomen parte activa y protagonista tanto las instituciones competentes como la ciudadanía suficientemente representada y el sector privado que constituyen todas ellas el actual sujeto histórico del medio rural.

BIBLIOGRAFIA:

Entrena-Durán, F. y Jiménez Díaz, JF 2014: Empowering rural citizenship for democratic participatory governance and resilience. En: General Conference of the European consortium for Political Research, University of Glasgow.

Navarro, Francisco, M. Woods & E. Cejudo (2015): The Leader Initiative has been a victim of its own success. The decline of the bottom-up approach in Rural Development Programmes. The case of Wales and Andalusia. En: Sociologia Ruralis, pp. 3-12.

HISTCAPE  2014: Cultural Heritage,Landscape & Rural Development. Good Practice, Methodology, Policy Recommendations & Guidelines for Rural Communities. Unión Europea/Interreg IVC.

Jones, O. y Little J. 2000: Rural Challenge(s): partnership and new rural governance. En: Journal of Rural Studies, pp. 171-183.

Kolosy, Katalin 2004: Rural governance and the European LEADER initiative, PhD Thesis, University of Aberdeen.

Moyano Estrada, Eduardo 2009: Capital social, gobernanza y desarrollo en áreas rurales. En Ambienta, nº88, pp. 112-126.

Pérez-Artiles, J. 2019. Construyendo la participación ciudadana. Marco estratégico. En: Cabildo de Gran Canaria (ed.). Construyendo la Participación Ciudadana. Una guía de recursos. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, pp. 19-25.

Subirats, J., Parés, M. y Blanco, I. 2009: Calidad democrática y redes de gobernanza: Evaluar la participación desde el análisis de políticas públicas. En: M. Parés (coord.), Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia participativa, Barcelona: Editorial Ariel.

Subirats, Joan 2010: “Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta? Factores de cambio en la política y las políticas”. En: Ekonomiaz, no 74, 2o cuatrimestre.

Subirats, Joan 2011: Otra sociedad ¿otra política?. De “no nos representan” a la democracia de lo común. Barcelona: Icaria editorial.

Subirats, Joan 2012: Algunas ideas sobre política y políticas en el cambio de época: retos asociados a la nueva sociedad y a los movimientos sociales emergentes. En: A Journal for and about Social Movements, volumen 4 (1): 278-286 (Mayo 2012).

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MATERIALES PARA LA FACILITACIÓN

Apuntes para la construcción de política pública de Participación Ciudadana

Dr. Jorge Pérez Artiles

Buen gobierno, gobierno abierto, gobernanza, transparencia, participación ciudadana; o bien, empoderamiento ciudadano, control público, cultura democrática, democracia participativa, democracia directa, democracia deliberativa; también, metodologías participativas, proceso participativo, proceso deliberativo; sin olvidar tampoco, inteligencia colectiva, creatividad social, innovación social, innovación ciudadana, bienes comunes, organizaciones colaborativas, co-decidir, co-diseñar o el tan extendido co-working.

Estos son algunos de los términos, palabros y expresiones que en los últimos años aparecen en discursos de políticos, medios de comunicación,  líderes sociales y económicos, académicos o profesionales, generalmente relacionados con la construcción democrática. De ninguna manera son invenciones de la posmodernidad sino que en distintos momentos de los últimos siglos tanto pensadores como ideólogos, movimientos sociales y políticos los han venido utilizando para señalar un menor o mayor grado de implicación de las personas y  colectivos sociales en las decisiones públicas. Ni que decir tiene que hoy estamos en estas latitudes en una coyuntura que abre un espacio, una ventana de oportunidades para poner en acción esos términos, darle un verdadero sentido radicalmente democrático al significante que representan.

Efectivamente, frente al hastío expresado en las movilizaciones del 15M en España por una gran parte de la ciudadanía española de una democracia que estaba dando señales suficientes de descrédito, agotamiento y desvirtuación, cualquier opción de cambio y transformación tenía  necesariamente que apostar por la participación y el empoderamiento ciudadano, que diese paso a una regeneración o profundización de la democracia. Y en esa línea se enmarca la apuesta institucional de conformar una política púbica de Participación Ciudadana, entendiéndola como aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre las decisiones públicas, siendo la voluntad de incidencia en la esfera pública el criterio más relevante para valorar las acciones participativas (Parés, 2009:17)

Este es precisamente uno de los desafíos asumidos por los gobiernos del cambio y pactos de progreso surgidos en estos años en España. De forma general, no se ha tratado solamente de implementar una acción institucional que se limitase a cambios en las estructuras de los gobiernos y la administración pública, en sus normas y organización, en definitiva a fortalecer la gobernanza y el gobierno abierto. El que la política institucional contribuya de manera real a fortalecer el empoderamiento ciudadano conlleva aparejado un esfuerzo considerable en sensibilización y educación en cultura democrática y participativa, de fomento de la horizontalidad en la colaboración ciudadanía-institución.

Este capítulo esboza unas notas dirigidas a agentes facilitadores y promotores de participación ciudadana, decisores políticos y funcionarios, profesionales, colectivos y asociaciones, basadas en la experiencia que hemos tenido en el diseño e implementación de la nueva política pública insular de Participación Ciudadana en Gran Canaria (Islas Canarias). En suma, estos apuntes sobre los factores que consideramos habría que tener en cuenta en la construcción de esta política pública, pretenden dar algunas pistas para la reflexión crítica y por supuesto la acción decidida de agentes facilitadores y hacedores de la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

1.     El punto de partida para diseñar la estrategia.

El abordaje de una política pública que aporte soluciones al problema o situación  identificada, parte necesariamente del conocimiento de la realidad que la determina, que en la mayoría de los casos se trata de una realidad compleja y afectada por una matriz multicausal. Partimos por un lado del contexto político-institucional: éramos conscientes que la naturaleza de la cultura institucional de decisores y funcionarios en el poder local (insular o municipal), sobre todo si es ajena a las dimensiones reales de esta política, puede suponer resistencias políticas y administrativas. Por otro lado, debíamos conocer el contexto socio-político, sobre todo una aproximación al grado de cultura democrática y aspectos definitorios del nivel y calidad capital social, especialmente de los movimientos sociales, el asociacionismo y la cultura participativa y colaborativa.

Qué hicimos:

§  En el momento inicial, para diseñar el marco estratégico que nos guiase en la construcción de la política pública, llevamos a cabo un diagnóstico de los espacios reales y potenciales de participación ciudadana en los gobiernos locales (ayuntamientos y Cabildo) y en la sociedad civil organizada. El primer diagnóstico de esta naturaleza que se hace en la isla, revela la escasa magnitud de la participación ciudadana en ayuntamientos y Cabildo, que solo en muy contados casos se había intentado construir política pública. Aunque en buena parte de las administraciones municipales procuraron contar con mimbres institucionales relativos a la participación (reglamento, consejo municipal, sectorial o de barrios), no se podía concluir que se promoviese una implicación real de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, ni que la sociedad civil organizada la demandase. En el caso del Cabildo, no existía política alguna de Participación Ciudadana, aunque sí espacios potenciales y voluntad política para introducirla como eje del gobierno abierto.

§   A mitad de legislatura se lanza un nuevo diagnóstico del avance de la participación ciudadana en la política municipal y en la sociedad civil organizada. que sirviera para ajustar la estrategia seguida para la construcción de la política pública insular. Por un lado, a nivel municipal se aprecia un cierto avance en la comprensión de la dimensión de esta política pública, aunque es en menos de la mitad de los ayuntamientos donde hay una inversión clara en crear o mejorar instrumentos (reglamentos, órganos) y activar mecanismos (procesos participativos) de participación ciudadana. Por otro lado, la actuación del Cabildo para fomentar la implicación de las asociaciones y colectivos en la activación de participación ciudadana parece estar calando en el ámbito asociativo, con un grupo activo de entre treinta y cuarenta colectivos que están llevando a cabo procesos participativos y acciones (sensibilización, formación) que están contribuyendo a extender la necesaria implicación ciudadana en las decisiones públicas.

Aprendimos que:

ü  Cuanto mayor es el conocimiento del contexto social y político-institucional mas acertada será la visión estratégica y las intervenciones de la política pública.

ü  Llevar a cabo diagnósticos con metodologías participativas contribuye definitivamente a la conformación de visiones comunes por parte de los agentes de la participación ciudadana.

2.     Tiempos de maduración distintos de la política y de la política pública.

Las políticas públicas como acción de gobierno son la concreción de la política, que es al fin y al cabo el mejor mecanismo para resolver de forma pacífica y consensuada los conflictos de intereses que surgen en la resolución de los problemas públicos y colectivos (Subirats, 2010:17). Los ritmos y tiempos de la política y las políticas no van siempre acompasados a las necesidades y las agendas en la implementación de medidas y soluciones para resolver los problemas identificados. En nuestro caso, hacer de la Participación Ciudadana una política pública consciente, planificada y con una clara intencionalidad transformadora que produzca cambios en la forma de hacer política institucional y en la administración pública, supone asumir un tiempo de maduración mayor que en otras políticas.  En su elaboración e implementación importa mucho tanto la calidad, es decir cómo se hace esa política, como la cantidad, los logros tangibles que se persiguen. El nivel de la cultura política y los valores democráticos en la ciudadanía y los agentes de la participación (decisores políticos, funcionarios, asociaciones…) tiene una cierta influencia en el impacto de la política institucional. 

Qué hicimos:

§  Diseñar un marco flexible de planificación (marco estratégico con visión, objetivos y ejes estructuradores) y herramientas de seguimiento y evaluación de la implementación. Esa flexibilidad permitió que la ejecución se adaptara además a una restricción estructural importante sufrida durante toda la legislatura: la inexistencia del personal técnico mínimo en la Unidad creada para llevar a cabo esta política pública.

Aprendimos que:

ü  Aunque cualquier acción de gobierno está ideológicamente determinada, en el caso de la gobernanza y la participación ciudadana su influencia parece estar más presente, afectando al ritmo y tiempos de su implementación. En nuestro caso, este aspecto adquiere mayor importancia al no haber suficiente claridad y sí posiciones dispares entre los agentes sobre el significado de la participación ciudadana y el papel de las instituciones en su activación y promoción. 

3.     La Participación Ciudadana debe ser necesariamente un proyecto y objetivo de todo el gobierno.

Una vez definida con claridad la voluntad política del gobierno, hacer de la Participación Ciudadana una nueva transversalidad en la acción de gobierno resulta el desafío más importante, y sin lugar a dudas difícil, a llevar a cabo dentro de la institución. Esto significa que el principio de la transversalidad se incorpore en todas las políticas, por todos los sujetos intervinientes, a todos los niveles y en todas las etapas. Una vez asumida esta transversalidad como mainstreaming que condiciona las actuaciones del conjunto de la estructura organizativa (al mismo nivel que el género o la sostenibilidad), la institución tiene que hacer un notable esfuerzo para establecer las bases y herramientas para facilitar esta acción transversal y de trabajo colaborativo entre las áreas que componen la estructura burocrática-administrativa.

Qué hicimos:

§  Principalmente promover y trabajar conjuntamente con distintas áreas de gobierno (Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, Igualdad, Obras Públicas) procesos participativos para la elaboración de normas, planes, programas y proyectos.

Aprendimos que:

ü  En el ámbito de las organizaciones públicas, la Participación requiere de un sustantivo y continuado aprendizaje político y administrativo, que supone un cambio en la cultura organizativa donde el diálogo y el trabajo en red que incorpora actores múltiples en el proceso de decisiones y la ejecución de las acciones; una relación basada en la confianza y regulada a través de reglas acordadas por las partes (Brugué, 2008:13-14).

4.     Las tecnologías digitales y la democracia participativa.

El uso de las tecnologías digitales e internet es valioso y no menos trascendental para avanzar en la democracia directa y participativa, facilitando la implicación individual y también colectiva en las decisiones públicas y en la estructuración del gobierno abierto. Sin embargo, las experimentaciones que se vienen haciendo en todo tipo de sociedades y contextos políticos parecen indicar que la relación entre el espacio digital y la deliberación democrática no es tan unilineal e inmediata como se pretende, presentando complejidades y externalidades que necesitan ser consideradas (Küppers Johansson, 2018:423-424).

Qué hicimos:

§  Creamos la plataforma de participación digital, https://participa.grancanaria.com, a partir del programa de código abierto CONSUL que comenzó el Ayuntamiento de Madrid y se desarrolla colectivamente,  que posibilita aprender y aportar experiencia por parte de una comunidad en crecimiento de más de 130 gobiernos locales y regionales, y entidades públicas y privadas de, actualmente, 33 países. E invertimos en alfabetización digital para disminuir la brecha digital y fomentar la accesibilidad de todos los segmentos poblacionales (mayores, medio rural, jóvenes) al uso de los medios digitales y las redes sociales.

Aprendimos que:

ü  Se requiere una amplia concienciación y sensibilización sobre la pertinencia y consecuencias del uso de las nuevas tecnologías. En definitiva, en un contexto de un cierto ciberoptimismo, a veces algo ingenuo, parece hacer falta una reflexión más desde la tecno-política y la comunicación que nos acerque al ideal de la gestión autónoma de la tecnología digital (Sampedro, 2018).

5.     Utilización de metodologías participativas en la construcción de la política de Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana tiene mucho que ver con la promoción y experimentación de una cultura participativa y colaborativa, dentro y fuera de las instituciones, que contribuya a crear los mimbres para ese capital social y político que sea parte intrínseca en la transformación social y construcción democrática.

Qué hicimos:

§  Poner énfasis en la utilización de metodologías participativas en el diseño, creación e  implementación de los instrumentos y herramientas de esta política pública. En la medida de las posibilidades que permitía la estructura (una unidad administrativa con escasos recursos técnicos y materiales), se utilizaron metodologías participativas para la elaboración y mejora de instrumentos y herramientas de la política institucional, como el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, la plataforma de participación digital, las bases de la convocatoria de subvenciones en participación ciudadana, o la construcción de la red insular de entidades locales de participación ciudadana. Todas esas experiencias fueron verdaderos espacios de aprendizaje institucional y social.

Aprendimos que:

ü  Cambiar la forma de hacer política hacia formas más participativas y deliberativas, así como conseguir transformar la cultura organizacional en la administración pública, requiere de un considerable aprendizaje dentro y fuera de las instituciones.

6.     Contar con un marco jurídico propio que asegure el derecho de participación.

Si bien es cierto que en ausencia de normativa las instituciones pueden y de hecho experimentan mecanismos y formas de participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno, una regulación específica es necesaria y primordial para asegurar el derecho de participación y consolidar la política pública de Participación Ciudadana.  

Qué hicimos:

§  Elaboramos el primer Reglamento Orgánico Insular de Participación Ciudadana, a través de un proceso arduo y complejo, que además se llevó a cabo con mecanismos de participación ciudadana (encuentros ciudadanos en las comarcas de la isla, plataforma digital para recoger propuestas). Con este marco normativo se reguló el espectro más amplio posible de mecanismos de participación, a pesar de las lagunas en la legislación estatal y autonómica al respecto y las lecturas restrictivas que se han venido haciendo en los servicios jurídicos de las administraciones públicas. 

Aprendimos que:

ü  La legislación existente, que ha venido siendo un limitante para las políticas de cambio en materia de gobierno abierto y gobernanza, debe modificarse sin demora, para adaptarse a la creciente exigencia ciudadana de ser parte activa en las decisiones públicas, así como a las recomendaciones internacionales y comunitarias (Unión Europea, CM/Rec(2018)4 de 21 de marzo).

ü  El Reglamento es una herramienta valiosa de sensibilización y educación para que la ciudadanía haga suyos los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. De ahí que además se elaborara una edición del Reglamento en Lectura Fácil, así como un juego didáctico, materiales ambos que se están utilizando para trabajar con todo tipo de público las formas y mecanismos de participación ciudadana.

7.     Fortalecimiento institucional de los ayuntamientos en materia de Participación Ciudadana.

Siendo el Cabildo un órgano de gobierno, administración y representación de la isla, además de contar con competencias y atribuciones para asistir a los municipios (Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares), la colaboración conjunta con las administraciones territoriales, activando complementariedades y evitando solapamientos, se revela un factor estratégico para el éxito de esta política pública de Participación Ciudadana.

Qué hicimos:

§  Colocamos el fortalecimiento municipal como un objetivo estratégico clave en la construcción de la nueva política pública insular. El fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales de Gran Canaria en materia de Participación Ciudadana se ha centrado, por un lado, en la asistencia técnica y capacitación a los equipos municipales (decisores y personal técnico y administrativo). Por otro lado, y como un instrumento revelador del necesario trabajo en red, se creó y dinamizó la Red Insular de Entidades Locales de Participación Ciudadana, para el diseño e implementación conjunta de los mecanismos de fomento de la participación ciudadana, que debería contribuir en última instancia a lograr la conformación de una visión y estrategia compartida de la Participación Ciudadana.

Aprendimos que:

ü  El apoyo y fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales, por su mayor cercanía a las preocupaciones corrientes de las personas, debería ser un objetivo estratégico para las instituciones supramunicipales de gobierno.

8.     Dinamización de asociaciones y colectivos sociales para que sean verdaderos canalizadores de la participación ciudadana. 

Los entidades asociativas, formales y no formales, son claros espacios de aprendizaje social para la colaboración y la cooperación, que son mimbres relevantes para canalizar la participación ciudadana. La realidad del asociacionismo vecinal por un lado, con claros síntomas de agotamiento y estancamiento y tradicionalmente cooptado políticamente, las asociaciones de toda índole comprometidas con servicios sociales específicos o en activismo social, o la aparición de colectivos no formalizados especialmente entre segmentos juveniles, son elementos a tener en muy cuenta para esta política pública.

Qué hicimos:

§  Diseñamos y gestionamos una convocatoria anual de subvenciones específica para participación ciudadana dirigida a asociaciones y fundaciones.

§  Involucramos constantemente a las asociaciones y colectivos sociales activos en el ámbito de la participación ciudadana en acciones de formación y de sensibilización, con el objetivo último de hacerlos partícipes en la construcción de esta política pública.

§  Lanzamos un Foro de Asociacionismo y Participación Ciudadana para contribuir a la conformación de visiones conjuntas. En última instancia, al igual que en el caso del trabajo en red con los gobiernos municipales, estamos creando las condiciones para la elaboración de un plan estratégico insular de Participación Ciudadana. 

Aprendimos que:

ü  La sociedad civil organizada tiene un papel relevante en las decisiones y en el control público, para lo cual las instituciones públicas, desde el máximo respeto de la autonomía social, deben hacer un esfuerzo considerable para su fortalecimiento y dinamización. La exigencia de mayores responsabilidades que la administración pública parece demandarle a los movimientos y colectivos sociales, debe ir unido a que de verdad tengan más poder y sean también co-responsables de decisiones y presupuestos, o sea, de verdaderos agentes de la participación ciudadana.

9.     La colaboración institución-ciudadanía hay que fomentarla conscientemente, como componente esencial del Gobierno Abierto y la Gobernanza insular.

Entendemos que hay que poner en marcha y experimentar mecanismos de participación que eduquen por igual a decisores políticos, funcionarios y ciudadanía, permitiendo a la ciudadanía, individual y colectiva, asumir protagonismo real y efectivo en las decisiones públicas. Teniendo en cuenta el modelo de co-gobernanza o gobernanza en red (Subirats et al, 2009:317), algunos defendemos como objetivo una gobernanza de base ciudadana, en el sentido de poner énfasis en el componente ciudadano de ese gobierno en red, de facilitar que la ciudadanía se convierta en everydaymakers de las decisiones públicas que finalmente toman los policymakers (Subirats, 2011:8). De hecho, la acción autónoma e innovadora de la ciudadanía reflejan crecientemente un grado de libertad e influencia mucho más amplio de lo que habitualmente se piensa (Dente y Subirats, 2014:24). Así, en el nuevo escenario social o cambio de época que habla Subirats, en las que Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación están marcando el paso, los espacios de autonomía social y las redes relacionales nuevas y crecientes dejan entrever que las instituciones políticas y los poderes públicos ya no son el vértice de las condiciones de ciudadanía (Subirats, 2012:278-279).

Qué hicimos:

§  Llevamos a cabo procesos participativos para la identificación, diseño e implementación de normas, planes, proyectos o programas, que implicaron a ciudadanía, colectivos, expertos, decisores y funcionarios públicos.

§  Programamos y lanzamos la plataforma de participación digital, una herramienta facilitadora de la implicación individual en la construcción colectiva, y por lo tanto del Gobierno Abierto. Además de ser un canal privilegiado de escucha activa, pone en juego la inteligencia colectiva para conformar visiones y propuestas que puedan ser tenidas en cuenta en la acción de gobierno.

Aprendimos que:

ü  Para la estrategia que asume el Cabildo de Gran Canaria en materia de Participación Ciudadana, la implicación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones públicas va mas allá de la creación de mecanismos institucionales de participación ciudadana. El Gobierno Abierto, alcanzar una gobernanza insular de base ciudadana, requiere también de la promoción de espacios sociales y de creatividad e innovación ciudadana que contribuyan al fortalecimiento de la cultura democrática, el empoderamiento ciudadano y, en definitiva, la construcción de capital social y político.

10.  La formación y capacitación de técnicos y profesionales como acción estructuradora.

Una nueva política pública requiere de profesionales dentro y fuera de las instituciones. En nuestro caso, nos encontramos con un generalizado desconocimiento en la administración pública para acometer de forma eficaz y eficiente esta política de participación ciudadana, y por lo tanto con unos mimbres precarios para integrar esta transversalidad en la acción de gobierno, y avanzar hacia un cambio en las formas y cultura organizativa. Se podría decir además que en Canarias el nivel de competencias profesionales y experiencias vinculadas a la participación ciudadana (jurídico, sociología política, innovación social, nuevas tecnologías, comunicación, metodologías participativas) era relativamente bajo, también en el ámbito académico, por lo que el esfuerzo a realizar tenía que ser importante.

Qué hicimos:

§  Ejecutamos una estrategia de formación y capacitación de triple hélice: ayuntamientos (para decisores y funcionarios), asociaciones y colectivos, y profesionales (píldoras + curso universitario).

Aprendimos que:

ü  Contar con personal especializado, fuera y dentro de las instituciones públicas, es un factor clave para la implementación de las políticas de participación ciudadana. Para ello, es necesario invertir en una capacitación que aporte conocimientos y habilidades relevantes, a través de talleres, seminarios o cursos formales.

ü  No menos importante es el aprendizaje que se adquiere a través de la propia experiencia profesional en la ejecución de actuaciones. Para ello, pusimos especial énfasis en contratar profesionales y empresas locales que nunca antes habían abordado los servicios propuestos, con los cuales trabajamos conjuntamente las propuestas, el seguimiento y la sistematización de las acciones.

11.  La comunicación adquiere una relevante dimensión de sensibilización.

En el ámbito de la participación ciudadana, y de forma general, la comunicación es clave, tanto para relatar y difundir lo que se hace, sino para sensibilizar a todas las partes que intervienen en esta política, poniendo especial cuidado en los contenidos, formas y canales. Además, al tratarse de una nueva política pública, debe ponerse un esfuerzo redoblado, con una acción continuada y diseñada con una intencionalidad pedagógica que contribuya al proceso de construcción colectiva de la Participación Ciudadana. 

Qué hicimos:

§  Generar materiales de comunicación y divulgación (memorias, resúmenes ejecutivos, manuales, folletos, publicaciones, audiovisuales) de la mayor parte de las actuaciones que llevamos a cabo (conferencias, talleres, laboratorios, encuentros ciudadanos, foros, procesos participativos, cursos….), utilizando como canales de distribución las redes sociales y los medios digitales. En este esfuerzo comunicador se incluyen las campañas de sensibilización y de publicidad, tanto las genéricas (sobre el concepto y posibilidades de la participación ciudadana) como específicas (plataforma de participación digital, reglamento de participación ciudadana, procesos participativos, convocatoria de subvenciones….).

Aprendimos que:

ü  Teniendo claro que la participación ciudadana podría abarcar un espectro sumamente amplio de elementos que contribuyen a crear capital social y capital político de una sociedad, la construcción pedagógica de esta política pública tendría que poner especial énfasis en los aspectos de incidencia ciudadana directa en las decisiones públicas, aquellas en las que el conocimiento y la aportación ciudadana y colectiva son indispensables para conseguir una política eficiente y eficaz, de calidad (Parés y Resende, 2009:95-97).

12.  El momento de la planificación estratégica para la política pública que se construye.

En algún momento del proceso, cuando están dadas las condiciones, la construcción de una nueva política pública debería contar con un marco y plan estratégico, en cuya elaboración, y también posterior evaluación, tendrían que participar todos los agentes institucionales, políticos y sociales implicados. En el caso de la política de Participación Ciudadana la planificación participada es definitivamente inexcusable.

Qué hicimos:

§  Habiendo partido de un marco estratégico que ha guiado estos primeros años de construcción de la política pública, así como del conocimiento de la evolución de los espacios institucionales y sociales de participación aportado por los diagnósticos realizados, el esfuerzo se ha centrado en crear las condiciones y los mimbres (visión conjunta, formación, relaciones colaborativas y de confianza) que permitan la elaboración participativa de un plan estratégico insular de Participación Ciudadana.

Aprendimos que:

ü  Decidir el momento para comenzar la elaboración del plan estratégico de Participación Ciudadana es desde luego clave, para lo cual hay que considerar factores tales como la estrategia y voluntad política, el tiempo de maduración o la experiencia y cultura participativa de los agentes (decisores políticos y técnicos de las administraciones públicas implicadas, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales….). 

ü  Hay que aprovechar el proceso de la planificación estratégica para fortalecer la capacidad, formación y calidad de las relaciones de la multiplicidad de actores intervinientes, todo ello para afianzar la policy networks(Subirats et al, 2009:367-370) o el trabajo en red y, en definitiva, la gobernanza, en este caso insular.

Mirando con perspectiva al timeline de la participación ciudadana en Gran Canaria, con sus antecedentes tímidos en el periodo de transición democrática y el período corto de esta legislatura de conformación de la nueva política pública insular, nos hacemos aún más conscientes del difícil y laborioso camino a recorrer en Canarias para avanzar hacia una democracia más directa y participativa. Aunque la participación ciudadana en Canarias no ha transitado enteramente por las etapas que esboza Quim Brugué para el caso español (Brugué, 2018), sí se podría decir que se ha pasado de unas prácticas algo testimoniales, voluntaristas y de cierta forma abocadas al clientelismo, a un momento de mayor demanda de protagonismo ciudadano, a partir del 15M, con actuaciones más o menos estructuradas que buscan activar mecanismos de participación en las administraciones locales, especialmente ayuntamientos. La participación ciudadana, como componente esencial de la gobernanza o nueva forma de afrontar el ejercicio de gobierno (Subirats, 2010:28). Se proyecta como ejercicio imprescindible, y no ya porque responda a la demanda ciudadana, sino porque con una adecuada y verdadera colaboración de la ciudadanía los gobiernos son capaces de gobernar con eficacia y eficiencia en un entorno de alta complejidad como el actual (Brugué, 2018:158). Es, en suma, un aspecto estratégico en la agenda internacional 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que asume a la gobernanza como un factor clave para conseguir alcanzar esos objetivos (Kaufmann, 2014).

Esta ventana de oportunidad que se ha abierto en los últimos años para la participación ciudadana, en una época compleja y de grandes cambios, supone un considerable reto para todos los agentes que intervienen en su desarrollo, y no menos para aquellos profesionales dispuestos a asumir el papel de facilitadores de la participación, tanto en espacios institucionales como en la sociedad civil. Su implicación, con vocación netamente transformadora, va a requerir unas grandes dosis de creatividad e innovación democrática, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de co-creación y construcción en común, del espacio colectivo y de lo común (Subirats, 2011:66-97). La facilitación de la participación ciudadana, de una gobernanza de base ciudadana, es indudablemente una tarea ardua y compleja que requiere de capacitación y sobre todo de experimentación y aprendizaje.

Este es el desafío que fue precisamente asumido por el gobierno de Gran Canaria, al diseñar e implementar una nueva política de Participación Ciudadana ciudadanía que incluyese instrumentos y mecanismos de participación que asegurara el protagonismo ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas y que, junto a los instrumentos de transparencia, avanzara hacia el Gobierno Abierto de la isla. La experiencia acumulada, junto a los agentes institucionales, profesionales y de la sociedad civil, desvela una hoja de ruta difícil y de largo recorrido, también de la imperiosa necesidad de invertir en democracia, abriendo nuevos escenarios de radicalidad y profundización democrática.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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