Hemos asistido durante esta última década a un incremento gradual del debate en Canarias sobre la cooperación internacional al desarrollo (CID) como un factor de renovación de la proyección de Canarias, al hilo de su posición como frontera exterior de la Unión Europea. Desde cenáculos políticos y empresariales se percibe la cooperación internacional como una oportunidad de negocios y de apoyo a la internacionalización de la empresa canaria. Y sin embargo, todas estas manifestaciones de interés no han venido acompañadas de una respuesta clara y contundente por parte del sector empresarial de Canarias, siendo en realidad claramente modesta tanto la propensión internacionalizadora como el número de empresas canarias en África o América Latina.
Últimamente, al calor de la sangrante crisis económica, son varias las voces que desde las esferas gubernamentales y empresariales han manifestado su voluntad de reforzar la presencia de la empresa canaria como actor privilegiado de la CID, a la par que se pone en entredicho el paradigma de una CID transformadora que parecía ya plenamente aceptado (destinando menos recursos, cuestionamiento de actores como las ONGD o de los mismos principios de la Declaración de París). Teniendo como sustrato el debate sobre la eficiencia y eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ahora se introduce con la crisis y como una medida de apoyo a las empresas canarias y por lo tanto al crecimiento económico de Canarias. Nos cuestionamos aquí si esta iniciativa es una muestra de la genuina voluntad de la empresa canaria de contribuir a la lucha contra la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los países africanos y latinoamericanos, o mas bien es un reflejo de la falta de innovación y propensión inversora de la empresa canaria que necesita el paraguas de los fondos públicos para lanzarse en la aventura internacional sin asumir riesgo alguno.
En realidad, apreciamos mucha confusión y claro desconocimiento de nuestra clase política y empresarial sobre el papel de la empresa en la CID, su naturaleza y la forma del cruzamiento de las agendas de la internacionalización empresarial y de la política de CID. Hay dos premisas en las que se basa esta ofensiva empresarial sobre la Cooperación: ideológicamente, se justifica por la supuesta mayor eficiencia y eficacia del sector privado frente a la AOD y los actores clásicos de cooperación para conseguir crecimiento económico y desarrollo; por otro lado, se trata de utilizar la AOD para la ampliación de oportunidades de negocio para sustentar la recuperación del crecimiento económico de los países donantes, bajo el criterio de “business as usual”.
El último Plan Director de la Cooperación Española establece la necesidad de incorporar a la empresa como actor en la CID en la promoción del crecimiento económico, buscando la convergencia de las políticas empresariales en sus ámbitos de negocio con las políticas públicas en países en vías de desarrollo (PVD), que coadyuven a objetivos de desarrollo. Se trataría de concretar el rol de la empresa, su valor añadido en cada sector y país, al servicio de la contribución al logro de los ODM.
No obstante, la internacionalización empresarial tiene unas políticas e instrumentos propios distintos a los de la CID. Más aún con la definitiva desaparición del Fondo de Ayuda al Desarrollo, creado en los años setenta para la internacionalización empresarial que vinculaba la ayuda al desarrollo a intereses comerciales. El nuevo FONPRODE se vincula totalmente a objetivos de la CID de la política exterior española, creándose además el FIEM para la internacionalización empresarial que gestiona el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Sin embargo, las empresas han venido participando de una forma u otra en la ejecución de fondos de la AOD, tanto o mas que las ONGD, a través de las licitaciones y subcontrataciones. Las estrategias de promoción empresarial desde el sistema público de cooperación contiene desde la promoción de las inversiones en PVD a la facilitación de subcontrataciones (interesante los ejemplos de los fondos británicos o las facilidades de la agencia alemana de cooperación). La creación de alianzas público-privadas es un instrumento de creciente importancia, que implica una colaboración pautada y gestionada entre empresas y organizaciones del sistema público de cooperación, que pretende producir beneficios a las empresas a la vez que a los países donde actúan.
Por supuesto, en contextos más avanzados de Europa y Norteamérica las empresas también participan en la cooperación, independientemente de los fondos públicos, como donantes a ONGD o fondos internacionales de cooperación o incluso con acciones directas no vinculadas a su núcleo de negocio. Se trata de empresas que se han adherido a los principios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una acción empresarial voluntaria de promoción de objetivos de desarrollo que debe conducir a fortalecer el proyecto y retorno empresarial. En otras palabras, la RSC se proyecta como instrumento facilitador de la internacionalización y a la vez conducente a promover desarrollo, dado que aterriza adecuadamente la inversión empresarial en el entorno político, económico y social del país receptor.
La Empresa participa en toda Europa en la CID, a través de las vías establecidas para la actuación empresarial (licitaciones, alianzas público-privadas, RSC), algo que en España, y mucho mas en Canarias, está todavía en camino. La política de CID del Gobierno de Canarias, con una dotación presupuestaria claramente ridícula (¡para las ONGD van a destinar no más de medio millón de euros!), tendría que hacer una gestión sumamente creativa para abrir espacio a la promoción de la internacionalización empresarial en la CID, que por supuesto no incluya la sustitución de los actores consolidados de la cooperación (entre ellos las ONGD, agencias nacionales e internacionales, universidades), que tienen unos roles claramente establecidos por la naturaleza y objetivos de la cooperación.
En cualquier caso, le toca al sector empresarial adoptar una actitud pro-activa y de compromiso decidido a actuar para apoyar los ODM, teniendo en cuenta los objetivos de su negocio. Para ello es imprescindible la promoción de alianzas con el sector público y las ONGD, así como la asimilación de la RSC en sus proyectos internacionales en países en vías de desarrollo. Se trataría de incorporar a su núcleo de negocio responsabilidades relativas a las agendas públicas de desarrollo. Aquí hay un considerable espacio de actuación para que la estrategia empresarial en Canarias haga de la RSC parte de su núcleo duro por interés propio, buscando las ventajas comparativas cruzadas que ofrecen las empresas y el sector público para la internacionalización y la CID.
Por todo ello, no consideramos de recibo que el relativo bajo perfil del sector empresarial canario en internacionalización empresarial y en la CID, lleve a dirigentes empresariales y gubernamentales a querer atribuir a las empresas funciones en la CID distintas a las que puede realizar según su naturaleza empresarial, ocupando roles que les son propios a los actores más consolidados, de paso desvirtuando principios empresariales constitutivos de la economía de mercado. Aún así, hay todavía mucho potencial y margen para buscar sinergias y colaboración mutua entre el sistema de la cooperación (ONGD y agencias públicas) y las empresas en Canarias, que conformen alianzas sólidas con compromisos a largo plazo. Una tarea que requiere del empeño de las instituciones públicas, las ONGD, las empresas y los expertos, con la suficiente luz larga que cierre el paso a las visiones cortoplacistas en el campo del desarrollo, que, por otro lado, tanto daño han hecho a nuestra propia economía y sociedad canaria.
